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jueves, febrero 10, 2011

Obra deja al aire cimientos de un edificio en La Paz

Peligro. La base del edificio afectado quedó con un enorme hueco.

Los cimientos de un edificio de cuatro plantas en La Paz quedaron prácticamente al aire tras el desmoronamiento del talud sobre el que asentaba debido al movimiento de tierras efectuado por un vecino,  prohibido por la Municipalidad debido a la época de lluvias.

El edificio, en el que viven cuatro familias, se encuentra en el número 500 de la calle Circunvalación de Villa Copacabana, y el terreno donde se hizo el aplanamiento de tierra está detrás, sobre la calle Enrique Calvo.

El dueño del edificio afectado, Willy Sanjinez, denunció que el propietario del terreno baldío, Wílder Nina Quisbert, comenzó a hacer el movimiento de tierras en diciembre y que él se apersonó nueve veces a la  Subalcaldía de San Antonio para presentar su reclamo. Durante este trabajo, rompió la cañería del inmueble de cuatro plantas.

La Subalcaldía citada no actuó  y el desmoronamiento del talud comenzó a las 14.00 del martes. Cerca a las 18.00 maquinaria de la Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos ubicó a la prima de Nina Quisbert para que les abran las puertas y puedan  acceder al terreno baldío. La Razón no pudo hablar con Nina Quisbert. No lo halló en la zona y tampoco contestó las llamadas a su móvil.

El ingeniero Gustavo Camacho, de esa Dirección, informó que desde el martes y hasta la madrugada de ayer, se trajo cargas de tierra para hacer una “cuña pasiva” para sostener el edificio y se cortó el servicio de agua potable, para evitar más problemas.

En la Subalcaldía de San Antonio se informó que por seguridad, la tubería será arreglada antes de que se reponga el servicio.
Dueño de lote actuó sin permiso

Osvaldo Suárez, de la Subalcaldía de San Antonio, informó que el dueño del lote baldío, Wílder Nina Q., no tenía autorización para construir. Además recordó que argumentó que debido a la alerta amarilla que rige en la ciudad, están prohibidos los movimientos de tierra.
Vivieron una noche de terror

El dueño del edificio Willy Sanjinez explicó que hace más de dos meses comenzaron los problemas. Primero, se presentaron rajaduras en las paredes, después notaron la inclinación leve del edificio y lo más grave aconteció a las 14.00 del martes, cuando se desplomó el muro del patio que separaba su propiedad del terreno contiguo donde se aplanaba el terreno.

Los habitantes del inmueble, de cuatro plantas, vieron un “enorme hueco” donde antes se encontraban  los cimientos. En la primera planta del inmueble  habita la familia de Víctor Aguilar, de cuatro miembros, la familia Iriondo que anteayer en la noche se  trasladó a otro lugar,  la familia Espejo y la del dueño de casa.

Máxima de Aguilar, una de las inquilinas, observó a la maquinaria del municipio trabajar hasta las 5.00 de la madrugada.  Ella se mantuvo en vela mientras sus niños dormían, con una maleta lista por si el edificio cedía y se derrumbaba y dijo que pasó una “noche de terror”.

Los otros grupos familiares observaron desde sus ventanas hasta la madrugada los trabajos del personal municipal de emergencia.


La Alcaldía atendió 47 urgencias en urbe paceña

La Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos del municipio atendió 47 casos de taponamiento de sumideros, inundaciones de casas, caída de árboles, de muros de contención y de taludes entre el martes y el miércoles.

Debido a la intensidad de la lluvia del martes, la  Dirección de Riesgos desplegó a su  personal en Pampahasi, Cotahuma, San Isidro, Periférica, San Antonio, Villa Copacabana, Villa Armonía y otras para atender las emergencias.

La dirección de Comunicación de la Alcaldía informó que los casos más graves fueron la caída de muros de algunas casas, donde se empleó maquinaria pesada para retirar los escombros, como piedras, ladrillos y adobes. La caída de los árboles no afectó ninguna vivienda o vehículo.

En esta semana ya se reportaron 100 casos de emergencias en la urbe paceña. Las lluvias del lunes y martes provocaron que la línea de emergencia Red 114 de la Dirección de Riesgos atienda 53 casos de inundaciones de viviendas, filtraciones de agua, taponamientos de sumideros y casos de material de arrastre por el agua, los que sumados a los 47 de ayer totalizan 100.

La Alcaldía de La Paz mantiene la alerta amarilla en toda la ciudad, con excepción de cuatro zonas de alto riesgo (Suipacha, Cervecería, Metropolitana y Pampahasi Bajo central). La que tenga emergencias debe  comunicarse a la red 114 o al 0800-16-1777.

La Razón

miércoles, febrero 02, 2011

862 edificios paceños eran construidos ilegalmente

La Paz. Las obras en construcción carecían de planos aprobados o no los habían respetado El director de la oficina de Administración Territorial y Catastral de la Alcaldía, Álvaro Viaña, indica que las más de 800 edificaciones  se clasifican en dos grupos: aquellas que no tienen ningún plano aprobado y otras en las que no se respetó la planimetría autorizada (se aumentaron pisos o se alteraron las dimensiones del inmueble). En este último caso, los planos “quedarían sin efecto”, indicó el funcionario.

Algunas de esas construcciones, no precisó cuántas, habrían sido detenidas debido a la irregularidad.

La norma que rige para las edificaciones en la ciudad es el reglamento Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento. Al incumplir los procedimientos, se pierden las garantías de que la edificación esté correctamente realizada.

El presidente de la Sociedad de Ingenieros de La Paz, Marcelo Badani, advierte que es peligroso construir sin planos aprobados, porque, por ejemplo, se puede estar trabajando en una zona propensa a deslizamientos.

“Ni la estructura mejor calculada va a resistir y el peligro es inminente y de colapso si la zona es negra”, dijo el profesional.
Norman Ramírez, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés, explica que si se construyen más pisos de los aprobados, se tiene el riesgo de “sobrecarga”, lo que puede derivar en desplome. “Pese a que el material sea noble, hay un límite de tolerancia en la estructura y, si se la excede, se fractura”.

Los datos manejados por Álvaro Viaña revelan que el año pasado se recibieron 315 solicitudes para aprobar los planos de construcción de edificios. La mayoría de las peticiones es para edificar en el centro (181) y en el macrodistrito Sur (91).  También hay 20 solicitudes en la Subalcaldía de Cotahuma, 12 en la de Max Paredes, ocho en la Periférica y tres en San Antonio. Mallasa no registra aprobaciones en trámite, informó el Director de Administración Territorial.

La Alcaldía de La Paz basa sus estadísticas en reportes mensuales que envían las Subalcaldías, tanto de construcciones legales como de las que infringen la norma.

Desinformación. “Lamentablemente existe una especie de cultura de evasión de las normas en todo sentido; la gente no se acerca al municipio en caso de construcción, cree que (la aprobación de planos) va a representar un costo mayor, cuando todos los servicios de orientación son gratuitos en cualquier rubro”, dice Viaña refiriéndose a los que se solicitan en las entidades ediles.

Para que el Gobierno municipal apruebe los planos de una construcción, el propietario del inmueble debe presentar el certificado de registro catastral, los planos arquitectónicos, los estudios geotécnicos y los cálculos estructurales, todos avalados por el Colegio de Arquitectos o la Sociedad de Ingenieros.

Los estudios supervisados toman en cuenta las cargas que va a tener el edificio. La carga se entiende como el peso que va soportar la construcción, por ejemplo, si va a ser una edificación móvil (para albergar habitantes de manera permanente) o fija (como una biblioteca).

Hay 300 empresas afiliadas
Se calcula que en La Paz hay 1.000 constructoras, de las cuales 300 se encuentran afiliadas a la Cámara de la Construcción, dijo el presidente de la entidad, Christian Eduardo. En todo caso, no es obligatorio que las compañías se afilien a ésta. A nivel nacional se calcula que son 900 las inscritas.

Los planos llegan luego
“Se ha generado la cultura (por parte de algunos propietarios de inmuebles en la ciudad) de que ‘primero construyo y luego regularizo los planos’ en las instancias que correspondan”, lamentó el director de la oficina de Administración Territorial y Catastral del municipio, Álvaro Viaña.

El funcionario señaló que es común que las Subalcaldías reciban solicitudes de aprobación de planos luego de que la construcción está concluida. En todo caso, agregó, tras una inspección para determinar si la edificación cumplió con el reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA-2007), ésta deja de ser clandestina y es registrada como legal.
El USPA dispone que todo propietario de un inmueble que quiera aprobar su construcción debe tener los planos arquitectónicos, de estudios geotécnicos y los cálculos estructurales.

“En el caso de que un propietario haya construido (en primera instancia) sin aprobación de su planimetría), pero  respeta la normativa que tenemos, existe el trámite de legalización y corresponde una aprobación posterior; se legaliza siempre y cuando esté dentro las normas municipales”, enfatizó.

Lo que no se hace es verificar si la construcción está bien hecha o no. De allí que Viaña cuestiona la cultura de los dueños de casa de contratar albañiles para que supervisen las obras, cuando mayor garantía da que se consulte a profesionales.

La Razón

Descuidistas de la zona de El Prado quedan en libertad

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen realizó ayer un operativo en la avenida 16 de Julio e inmediaciones, donde se arrestó a nueve presuntos antisociales, descuidistas, lanceros y carteristas que operan en el sector.

Rosalío Álvarez, director de la FELCC, informó de que los aprehendidos tienen antecedentes penales, por lo que serán remitidos al Ministerio Público.

Sin embargo, reconoció que no se tiene “los mecanismos legales para tenerlos por más de ocho horas. Lastimosamente ellos estaban en actos preparatorios y no han sido encontrados en flagrancia, por lo que deben ser puestos en libertad”, dijo. La Razón publicó ayer una nota donde se reveló, a través de testimonios, cómo operan estas personas en la zona de El Prado.

La Razón

domingo, enero 30, 2011

52 pozos ciegos desestabilizan 13 zonas de La Paz

Peligro . Una vista de la urbanización Cervecería, una zona amenazada.

Cincuenta y dos pozos ciegos, o pozos sépticos, en 13 zonas de La Paz desestabilizan el suelo debido al flujo y la absorción de aguas negras, todo lo cual pone en riesgo y contamina más de 50 urbanizaciones en diversas latitudes de la urbe. Todas las conexiones son ilegales y afectan a las denominadas zonas de alto y de mediano riesgo, según un diagnóstico realizado por la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (Epsas) de La Paz.

“Este tipo de conexiones es una de las causas, aunque en algunos casos es la principal, para que se produzcan deslizamientos y hundimientos que ponen en riesgo a las viviendas. En todos los lugares que presentan problemas de este tipo hemos detectado la instalación de los pozos ciegos”, explicó el gerente general de Epsas, Victor Rico. 

En estas zonas se han contabilizado al menos 52 pozos que tienen una antigüedad de 20 y 30 años y están cerca de asentamientos humanos ilegales en Cotahuma, Valle de las Flores, San Antonio, Pampahasi, Cervecería, la Periférica, Huanu Huanuni, Cota Cota, Alto Obrajes, Llojeta Alto, Tembladerani, Alpacoma (El Alto), La Portada y Retamani.

De acuerdo con la evaluación, los problemas se han hecho más frecuentes en los últimos 10 años debido al crecimiento de la ciudad hacia las laderas y la zona sur de la ciudad de La Paz. Los pozos ciegos o letrinas no se construyen con material impermeable y las aguas servidas se filtran y desvían hacia las partes bajas del terreno, humedeciéndola.

“Son construcciones sin ninguna planificación. Epsas hizo la limpieza e incluso ha desconectado redes clandestinas, sin embargo, en muchos casos el daño ya se hizo, y se tiene que evacuar y derrumbar  las viviendas”, aseguró el secretario de Conflictos de la Junta Vecinal de  Pampahasi Central Bajo, José Lima. 

Los barrios metropolitana, Cervecería, Pampahasi Bajo Central y Valle de Las Flores, son considerados de alto riesgo, agravado por la presencia de pozos negros que tienen una data de 30 años. Según el informe de Epsas en cada una de estas urbanizaciones se han detectado  entre tres a cuatro pozos ciegos que fueron socavando el terreno.

“Los pozos ciegos son una de las principales causas y no siempre son las lluvias,  según el informe que nos dieron los técnicos que desarrollan el trabajo de evaluación en los lugares de alto riesgo”, dijo la presidenta del Concejo Municipal, Gabriela Niño de Guzmán (MSM).

Pero éste no es el único problema, sino las conexiones clandestinas de agua potable, precarias y con fugas. Los vecinos deslindan responsabilidades sobre las mismas, sin embargo en la mayor parte de los casos se beneficiaban de las mismas, según Epsas.

Entre otros factores que inciden en la desestabilización de esta zona están  también los desagües pluviales instalados hacia las laderas sin un estudio técnico. La mezcla de agua pluvial con aguas servidas remoja el terreno, que es estabilizado con la construcción de cuñas para que no afecte a las otras zonas colindantes que están en riesgo potencial.

“Estas conexiones clandestinas son redes precarias que incluso se vuelven en focos de infección que atentan contra la salud de las personas que habitan en cada una de la zona”, añade Lima, dirigente vecinal de Pampahasi Central Bajo.

Norma que prohíbe conexiones 

El municipio de La Paz, a través de la ordenanza  342/09, prohíbe las conexiones ilegales que no tengan asesoramiento técnico de Epsas. Las sanciones son multas de Bs 2 mil y la desconexión de la tubería. En el caso de El Alto la Alcaldía no tiene una norma similar de pozos ciegos.

Riesgo en la ladera Oeste

Los pozos ciegos que se instalaron en la jurisdicción del municipio de El Alto, colindantes con las laderas de La Paz,  generan problemas en las zonas que están ubicadas en la ladera oeste de La Paz, como Llojeta o la Portada.

Alpacoma y La Ceja son los puntos más críticos, donde existen más de una decena de pozos que aún filtran aguas, humedecen el terreno y lo desestabilizan, según sostiene el dirigente vecinal de La Portada, Jesús Rojas. “Las aguas bajan por las laderas y afectan a los sectores ubicados en las zonas altas como Llojeta y La Portada, donde se registran de forma frecuente hundimientos”.

La detección de esta instalación clandestina de pozos negros permitió prevenir desastres que se relacionan con pérdidas de vidas humanas.

El gerente de la Empresa Pública y Social de El Alto (Epsas), Victor Rico, dijo que el problema de los pozos ciegos ilegales es que no sólo afectan a la zona donde son utilizados sino a lugares colindantes que se vuelven inestables. “Son problemas recurrentes que tratamos de identificar, por eso es necesario que los afectados denuncien la presencia de este tipo de conexiones.

En el caso de Alpacoma no solo está generando deslizamientos en ese lugar sino a zonas urbanas que están en la parte alta de la ladera oeste”. La alcaldía de El Alto actualmente trata de estabilizar el terreno de Alpacoma que pertenece al Distrito 1.

Definición y detalles de pozos sépticos

Definición

¿Cómo funciona?

-Pozo o fosa que recibe la descarga de aguas residuales y deshechos orgánicos; la parte líquida se infiltra en el terreno, la sólida queda retenida y se degrada parcialmente.

Cuidado

Limpieza periódica

-Debido a la posibilidad de presencia de organismos patógenos, la parte sólida debe ser retirada, con un equipo limpia-fosas y transportada a un vertedero.

Mantenimiento

Supervisión permanente

-Una fosa séptica para una vivienda privada requiere limpieza por lo menos cada dos años, aunque se recomienda hacer una inspección una vez al año para evitar problemas.

La Razón

domingo, enero 16, 2011

Vecinos del Sur electrifican sus cercas pese a una prohibición edil

CONDOMINIO. Este inmueble en Achumani también cuenta con una barda electrificada.

En la zona Sur de la ciudad de La Paz hay inmuebles que tienen cercas electrificadas, pese a la prohibición de la ordenanza 66/96, aprobada hace 15 años, la misma que la Alcaldía paceña no hace cumplir. Las vallas eléctricas, que pueden ser instaladas por uno mismo o por una empresa privada, se suman  a las otras medidas de seguridad que han tomado vecinos de esta zona, para hacer frente a la delincuencia.

En viviendas de Achumani, Calacoto, Cota Cota y Los Pinos no sólo se encuentran vallas eléctricas, sino alambre tejido, alambre de púas, vidrios, alarmas, sensores, guardias privados y  cámaras de seguridad. Además hay vecinos que han comprado cajas de seguridad y han adquirido pólizas de seguro.

Sin embargo, la instalación de vallas eléctricas está prohibida en la ciudad de La Paz. En 1996, en la gestión del ex alcalde Ronald MacLean, el Concejo Municipal aprobó la ordenanza 66/96, que advierte de acciones penales a propietarios de viviendas que instalen este tipo de cercas.

“Se prohíbe en forma terminante la instalación de cargas eléctricas en muros, cercas, rejas, vallas y otros de carácter perimetral que circundan a las viviendas particulares”, dice la norma citada.

Rodrigo Soliz, director de Mantenimiento del Gobierno Municipal, afirmó que hasta este momento la Alcaldía no  logró identificar ni una sola vivienda que cuente con una cerca electrificada.

Añadió que la ordenanza de 66/96, que prohíbe estas instalaciones, se aprobó de manera puntual para que se investigue el caso del niño Juan Gabriel Estellanos, quien sufrió una descarga eléctrica de una valla, a consecuencia de la cual perdió el dedo índice.

“Cómo podemos saber qué malla está electrificada. Obviamente es difícil saber qué casas tienen electricidad en sus cercas, entonces se debe recurrir a los vecinos y como no hay denuncias, no podemos hacer las notificaciones”, manifestó. Sin embargo, en un recorrido que hizo este diario por las zonas citadas, halló sin mucha dificultad las vallas prohibidas, que tienen notorios avisos  que advierten del peligro al que se expone quien trate de rebasarlas. Desde 1996, cuando se emitió la 66/96, sólo un propietario fue identificado y sancionado por tener cercas electrificadas.

Desde entonces no se realizaron operativos, ni controles y menos intervenciones, a pesar de que en los muros o paredes de las zonas como Achumani, Calacoto, Cota Cota y Los Pinos se tiene el anuncio de ¡Cuidado alto voltaje!, ¡Alto, cerca electrificada! y otros. Incluso en estos carteles se incluye el nombre y el número telefónico de la empresa que brinda el servicio.

Soliz explicó que “son las subalcaldías, las dueñas del territorio, quienes autorizan la instalación, de las cercas. Son ellas y no la Dirección de Mantenimiento.  Además, las solicitudes de inspección también deben ser canalizadas por las autoridades de los macrodistritos”, recalcó el director.

No obstante, la subalcaldesa de la zona Sur,  Jeanett  Ferrufino, confirmó que su autoridad no aprobó ninguna autorización para la instalación de bardas eléctricas. “No autorizamos ningún elemento que ponga en peligro la seguridad de la población, haremos la verificación de estas vallas.

No he visto la existencia de las cercas, hasta que usted me llamó (no tenía conocimiento de su existencia)”, dijo la responsable del macrodistrito. Las declaraciones de ambas autoridades y la constatación efectuada por este diario en la zona Sur de la ciudad revelan que la ordenanza que prohíbe la instalación de bardas eléctricas simplemente quedó archivada.

Según Ferrufino, en muchos casos el aviso de  ¡Cuidado, valla eléctrica! es sólo un aviso, pero que en realidad no tienen nada de eléctrico. ¿Usted verificó si están realmente electrificadas? consulto la Subalcaldesa a la periodista de La Razón. Algo similar sucede en el Concejo Municipal de La Paz. Denis Osterman (MSM) aseguró que desconoce la ordenanza de 1996 y la existencia de cercas electrificadas.

“¡Eso es criminal! , no debe haber ninguna barda electrificada, si se detecta  hay que intervenir, no se puede hacer eso”, señaló. El concejal Jorge Silva (MAS) admitió que “la verdad no conocía de la existencia de este documento, de seguro se quedó archivado como muchos otros, porque no tenemos una Gaceta Municipal, que de nombre existe, pero no en los hechos”.

Silva sugirió la modificación de esta ordenanza que en su artículo 2 dispone el inicio de acciones penales contra los propietarios de los inmuebles donde se encuentren cercas electrificadas. Esto, según dijo el concejal del MAS,  podría ser remplazado por sanciones económicas a través del cobro de impuestos, lo que obligaría a que los dueños de inmuebles desactiven las vallas prohibidas.

En la ordenanza también se prohíbe a Electropaz la otorgación de autorizaciones para la instalación de cercas eléctricas. Según la dirección de Comunicación de esta empresa, Electropaz siempre dio cumplimiento a esta  norma.

Pero el problema fundamental pasa porque el país no tiene políticas claras de seguridad ciudadana y la población busca formas de proteger sus enseres y su vivienda. Ésta es la respuesta que este medio logró de los propietarios, a los que les consultó por qué instalan las cercas con electricidad, pese a la prohibición.


El caso Juan Gabriel Estellanos

En 1996, este niño sufrió una descarga de 240 voltios sólo por tocar el timbre de la vivienda de Silvia Portal Arduz, que tenía la cerca electrificada, para recuperar su balón. El proceso por daños graves duró tres años y concluyó con un acuerdo transaccional, aunque el menor perdió el dedo índice.

Según la abogada María Teresa Montaño, que representó al menor, este incidente dio paso a la aprobación de la ordenanza 66/96, que prohíbe el uso de bardas electrificadas en La Paz.


Argumentos a favor
Daniel : “Por seguridad hay cercas eléctricas”
Por el movimiento de esta calle, porque no hay policías sólo hay seguridad privada. A veces hay asaltos por aquí, por eso la mayoría de los vecinos optamos por tener cercas eléctricas o porteros eléctricos y guardias privados. Tenemos adentro un sistema de seguridad con sensores y
alarmas; es sólo por seguridad.
Sandra: “Si está prohibido,  aquí nadie lo cumple”
Electrificaré la cerca porque lo único que buscamos es tener medidas de seguridad. Tengo perros y un sistema de seguridad interna. Por aquí ha habido varios robos y queremos evitar cualquier problema, la cerca electrificada me dará mas seguridad y si está prohibida nadie la cumple porque mucha gente tiene en toda la zona Sur.
Ramiro: ‘Tenemos cajas fuertes empotradas’
Nosotros tenemos que tener mínimamente un guardia, sistemas de monitoreo, compramos cajas fuertes, pólizas de seguro. Si alguien corta el alambre de púas o pasa la valla, los sensores detectan todo y suenan las alarmas y de inmediato la empresa de seguridad llama a la Policía.
José: ‘Es para ahuyentar a los delincuentes’
Eso es de siempre, todos tenemos alambres de púas, otros tienen con electricidad. La parte de seguridad en cuanto a mallas y alarmas es prudente por lo menos para ahuyentar a los delincuentes, claro que no es suficiente, porque lo que debería existir es un mayor patrullaje, más policías en las calles para dar seguridad.

La Razón

miércoles, enero 12, 2011

Inseguridad: 3 barrios paceños están en emergencia por el crimen

Producción. Los delincuentes jalan las carteras desde vehículos.

Vecinos de los barrios Petrolero,  Gráfico y Comibol se declararon en estado de emergencia por los constantes asaltos y robos de los que son víctimas y demandaron al Comando Departamental de la Policía resguardo y patrullaje constante.

“Aprovechan que este sector es vacío. Llegan en autos blancos y a las mujeres que caminan con su cartera les quitan con violencia y se escapan. Esto veo casi todas las semanas, pero no puedo hacer nada”, cuenta María Céspedes, una mujer que tiene una tienda en el barrio Comibol.

A las 10.00, las principales calles de este barrio se encuentran vacías. Se ve a dos o tres personas que caminan hacia las tiendas o a la sastrería de la zona. Los vehículos particulares y públicos circulan esporádicamente. En los barrios Gráfico y Petrolero la situación es la misma.

En los tres barrios, ubicados al lado derecho de la zona de Villa Fátima, los delincuentes operan siempre en vehículos e ingresan a las calles y callejones más vacíos para delinquir. Las mujeres y los jóvenes son las víctimas preferidas.

El presidente de la zona de Comibol, Saturnino Mamani, dice a La Razón que no existe presencia policial en el lugar pese a cartas enviadas al Comando Departamental solicitando patrulleros para que vigilen el barrio. “No hay policías en la zona. Se ven asaltos a las 15.00 o a las 16.00, y nadie puede hacer nada”, señala

Hace un mes, en la avenida José María Pérez, una joven fue asaltada por un delincuente quien después de empujarla le arrebató su cartera. “El hombre corrió, se introdujo a la movilidad y escaparon con otro más. Creo que hay taxistas que son contratados o son del mismo grupo”. 
Destrucción. El dirigente vecinal mostró dos casetas policiales que la junta vecinal construyó con sus propios recursos. “Nos prometieron enviar policías, pero nunca llegaron. Ahora los módulos están destruidos y abandonados”.

Si bien en el Barrio Petrolero se observa mayor circulación de vehículos de servicio público, los vecinos aseguran que también son víctimas de asaltos. “Yo vi cómo un taxi de color blanco llegó a las 18.00, se metió a una calle y ahí dejaron botado a un chico sin su mochila. El vehículo se fue rápido. En otra ocasión, el auto se estacionó en una esquina y esperó que llegue al lugar una señora. Aprovecharon que estaba sola, uno de ellos salió y le quitó su cartera”, recuerda Arminda Crespo, vecina de la zona.

Otro morador de este barrio, Cristian Calle, reclama la falta de policías en la zona. “Una que otra vez se ve a los de la PAC (Patrulla de Auxilio Ciudadano). Dan algunas vueltas y luego se van, pero no están cuando ocurren asaltos y otros delitos”, afirma.

Más abajo, en el barrio Gráfico, lo primero que se ve son muñecos de trapo colgados en los postes de energía eléctrica en señal de advertencia para los antisociales. La avenida José María Pérez, que comienza en Comibol,  continúa con el mismo nombre en este barrio donde los antisociales hacen de las suyas.

“En un callejón que tiene unas graderías hubo un asalto hace dos meses. Una chica fue atracada por dos personas, la golpearon y le quitaron su cartera. Mi hermana y yo escuchamos sus gritos y un chofer del Radio Móvil Gráfico fue a auxiliarla. Él los persiguió y detuvo a uno de los asaltantes. Después se llamó a la Policía para que se lo lleve”, relata Dora Pastén, moradora del barrio.

Otro vecino, que prefiere no dar su nombre, informa de que hace dos semanas dos delincuentes asaltaron a su hermana de 17 años. “La persiguieron cuando ella se bajó de un minibús en la plaza Villarroel. Después al llegar a mi casa, uno de ellos le amenazó con golpearla si no les daba su mochila y ella tuvo que hacerlo”.

Frente a estas denuncias, el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Roberto Tórrez, manifestó que desde que él se hizo cargo de la comandancia no llegó ninguna nota de los vecinos. “Después de su advertencia vamos a mandar (efectivos) para que hagan operaciones en el día. Hay gente trabajando en todos los sectores”, señaló el comandante consultado por La Razón.

Al preguntar si esta presencia policial puede ser sostenible en el tiempo, Tórrez dijo que hay otras maneras de dar seguridad como los módulos policiales. Añadió que si bien la Policía es un actor protagonista de la seguridad, también hay otros sectores.


La FELCC no registró ni un caso

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Rosalío Álvarez, señaló que se conoce que los tres barrios se constituyen en una zona roja por la presencia de delincuentes; sin embargo, manifestó que a su dirección no llegó ninguna denuncia formal sobre delitos ocurridos en la zona. Pidió a los vecinos denunciar los asaltos de los que son víctimas.

La Razón

viernes, diciembre 24, 2010

La Alcaldía tiene listo un plan de evacuación de 4 zonas en riesgo

Vacía. En la cancha Escóbar Uría, que albergará a los desalojados, aún no existen las casas prefabricadas

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, promulgará en las próximas horas la Ley de Riesgos, en cuyo marco tiene listo un plan de evacuación de 60 familias de las zonas Cervecería (Pampahasi), Metropolitana, Suipacha y Valle de las Flores, que serán acogidas en albergues instalados en la cancha Escóbar Uría.

Revilla (MSM) explicó ayer que la próxima semana se aprobará la resolución municipal que declara zona de emergencia a las cuatro urbanizaciones y, de inmediato, se activarán los mecanismos de evacuación.

Sin embargo, el dirigente de una de estas zonas, Valle de las Flores,  Adrián Segada, anunció movilizaciones de los vecinos de las urbanizaciones afectadas a partir del 7 de enero. “El Gobierno Municipal no asume ninguna responsabilidad. Sólo quieren sacarnos de nuestras casas y ¿dónde vamos a vivir?”.

El dirigente aseguró que existen 15 casas de Pampahasi central que tienen profundas rajaduras. El Gobierno Municipal, a través de la Dirección Especial de Gestión de Riesgos, consolidó la construcción de viviendas prefabricadas para trasladar a  las familias desalojadas.

“No habrá carpas sino casas prefabricadas, que serán instaladas en Escóbar Uría y se discutirá con ellos (los vecinos afectados) qué otros requerimientos tienen para que puedan ser evacuados y para que podamos intervenir en estas zonas”, aseguró el Alcalde paceño.

El artículo 22 de la norma municipal dice que las unidades familiares   amenazadas por un desastre inminente serán notificadas dos veces, después de las que la municipalidad acudirá a la fuerza pública para desalojarlas.

“De persistir la negativa de cumplimiento o ser imposible la evacuación, aun con el auxilio de la fuerza pública, por objeción, obstrucción, impedimento, obstaculización o cualquier conducta de las personas afectadas, que entorpezca la ejecución de la instrucción emitida, el propietario asumirá toda la responsabilidad por daños humanos y materiales que cause su desobediencia, pudiendo (la Municipalidad) iniciar acciones penales”, señala la norma.

     Este artículo fue observado y rechazado por los concejales de la oposición masista. En esta línea, Jorge Silva aseguró que “esta ley fue trabajada de manera unilateral, no fue consensuada con los vecinos y, por ello, no se cuenta con un plan alternativo ni con los recursos necesarios para poner en marcha la Ley de Riesgos”.

En La Paz existen 39 zonas de riesgo. En 13 se ha minimizado el peligro a través de obras, 11 fueron estabilizadas con movimientos de tierra, un número similar está bajo constante monitoreo, que se suman a las cuatro de alto riesgo.

Entre las calles 9 y 16 de Valle de las Flores hay un talud  que se hunde; en Cervecería el suelo ha comenzado a ceder debido al excesivo peso de las construcciones. Metropolitana corre el riesgo de deslizarse, lo mismo que Suipacha.

Silva también dijo que el municipio  no tiene una política seria de prevención, “porque la ley no fue trabajada con el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias (Conarade) para inscribir los  posibles requerimientos económicos ”.

Según el concejal Guillermo Mendoza (MAS), la norma puede ser denunciada de inconstitucional porque se la aprobó sin tener los estatutos autonómicos departamentales ni la carta autonómica municipal.

Ley de  riesgos
Evacuación. La Alcaldía iniciará la evacuación una vez aprobada una resolución que declara zona de riesgo a cuatro urbanizaciones.
Procesos. La ley edil faculta a la Alcaldía a iniciar procesos penales a quienes se nieguen a desalojar sus casas.
Temporal. Las viviendas prefabricadas son de cartón prensado, tejas, estructuras metálicas y serán instaladas en la cancha Escóbar Uría.
Damnificados. Preparan una movilización para el 7 de enero en rechazo a la Ley municipal de Riesgos.

La Razón

lunes, diciembre 20, 2010

La Paz crece al 1,1 por ciento y el alcantarillado es insuficiente

Una foto de archivo de la calle Murillo, donde se ven problemas en el alcantarillado.

La primera conexión de alcantarillado en la ciudad de La Paz fue en 1949. Según EPSAS, el año 77 se colocó la matriz más importante de alcantarillado en la zona central de la ciudad de La Paz. Por aquellos años la urbe paceña tenía 538.316 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hoy la población se ha multiplicado, según las mismas proyecciones del INE (ver recuadro superior). La urbe paceña crece al 1,1 por ciento anual.

 

El gerente de EPSAS, Víctor Rico, afirma que las instalaciones que se hicieron en el pasado tenían una previsión del crecimiento urbano, pero reconoce que una cantidad importante de las tuberías debería ser renovada.

Según sus proyecciones, se requiere de 300 millones de dólares para hacer la renovación y el mantenimiento de los sitios que están en mal estado, aproximadamente el 55 por ciento.

Pero una renovación total de este servicio no se daría de la noche a la mañana. “Hablamos de un proceso que puede tardar hasta 20 años. Ahora, por el momento, ya estamos trabajando en las zonas que más atención requieren”.

Las primeras conexiones, según Rico, eran de concreto, luego se utilizó fierro fundido. Ambos materiales ya habrían quedado obsoletos y no cumplirían a cabalidad sus funciones.

Según el especialista Luis Salamanca Mazuelo, hay una serie de factores que intervienen para que el alcantarillado necesite estas reformas. “Cuando se hizo el diseño y la construcción del sistemas de alcantarillado se calculó que estas obras iban a ser usadas por una cantidad ‘X’ de población; pero a esta altura la población ha aumentado y el alcantarillado no es suficiente, y peor si estamos densificando más las áreas”. Los casos más concretos se dan en las laderas y en la zona Sur, explica Salamanca.

El experto indica que el promedio de crecimiento anual de La Paz no es un fenómeno determinante porque según él hay otras ciudades que crecen más. “El Alto crece el cinco por ciento y tiene más población”.

Con todo, la mayor cantidad de habitantes en la ciudad de La Paz provoca problemas colaterales; por ejemplo, la falta de agua porque las represas no darían abasto al crecimiento. “Ya hemos visto periodos de estrés hídrico, donde la gente sufre por la falta de agua”.

El experto también indica que la matriz de alcantarillado tiene un periodo de vida útil y que no es eterno. En el caso de la ciudad sede de gobierno, la matriz del alcantarillado habría cumplido su ciclo.

El gerente Rico explica que la vida útil del alcantarillado es de 30 años. Aunque advierte que “las estructuras se mantienen”. Con todo, los efectos del paso del tiempo se han convertido en una más de las razones por las que se necesita un cambio en el sistema matriz de alcantarillado.

A pesar de todas las explicaciones, la autoridad de EPSAS se niega a hablar de un eventual colapso o saturación del alcantarillado, inclusive en las zonas de mayor densificación.

Por su parte, la Alcaldía de la ciudad de La Paz empezó una agresiva campaña para la prevención de riesgos, ante cualquier desastre que se produzca por problemas de alcantarillado. Hay cuatro zonas que están declaradas inhabitables: Valle de las Flores, Cervecería, Metropolitana y Suipacha.

San Miguel, el centro sureño
Roberto Auchen, director de la unidad de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía de La Paz, dice que la zona de San Miguel representa la mayor centralidad urbana en la zona Sur. “Es el lugar más representativo y está determinado por el desenvolvimiento de la gente”. Ésta es una de las justificaciones para que se permita la “edificación” de la región.

Inestabilidad del 70 por ciento de la urbe paceña
Cuando Mario Mercado era alcalde de la ciudad de La Paz (1977) se hizo un estudio que determinó que el 70% de la urbe no era apto para la construcción.

El dato ofrecido por Luis Salamanca Mazuelo, especialista en gestión de riesgo, coincide con la afirmación de la Asociación Boliviana de Ingenieros Sanitarios.

Según reportes de la Alcaldía y de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) hay 39 barrios que están en grave riesgo de sufrir un desastre natural.

El porcentaje tendría otra complicación, para Salamanca es peligroso que haya viviendas con agua potable y sin alcantarillado. “No se canalizan estas aguas y se vuelven una bomba de tiempo”.

La Razón

sábado, diciembre 18, 2010

6 de 10 paceños fueron asaltados al menos una vez

In fraganti. Un ladrón sustrae un celular, el 12 de octubre, en la Loayza.

El Observatorio La Paz Cómo Vamos presentó ayer el diagnóstico “El estado de la seguridad ciudadana en La Paz”, que revela que seis de cada 10 paceños sufrieron al menos una vez este año robos, atracos y hurtos en vía pública.

El estudio fue realizado por el ex comandante de la Policía Boliviana, Isaac Pimentel, a base de una encuesta a 1.200 personas de los diferentes barrios y zonas de la ciudad. Del total de las personas encuestadas, el 61% dijo que fue interceptada en calles y avenidas por delincuentes que les arrebataron sus pertenencias.

El robo es el delito del que con mayor frecuencia fueron víctimas los ciudadanos (44% de los consultados). Es decir, los delincuentes actuaron con violencia para que los agredidos les entreguen teléfonos móviles, carteras, joyas, dinero y otros objetos de valor que llevaban consigo.

El estudio realizado por Pimentel revela también que los delitos que más se cometen en La Paz son la agresión física (23%) y daños a la propiedad (48%). Además, la ciudadanía percibe que la delincuencia se incrementó en los últimos dos años porque los criminales actúan tanto en el día como en la noche.

“Las zonas que mayor percepción tienen del crecimiento de la delincuencia es la Norte y la Este, que comprende la plaza Garita de Lima, plaza Eguino, plaza Riosinho, avenida Busch y Villa Fátima”, dijo.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCC) de La Paz estableció  que Miraflores es una nueva zona roja, por la presencia de bares y lenocinios, legales y clandestinos, que atraen delincuentes.

El director de esa unidad, coronel Rosalío Álvarez, explicó que la existencia de lugares donde se vende alcohol genera a corto plazo hechos delictivos. El diagnóstico de Pimentel también indica que jóvenes y adultos son las víctimas preferidas de ladrones y atracadores, por lo que pidió a las autoridades implementar estrategias de seguridad.


Migración es causa del delito
El estudio del general Isaac Pimentel revela que la gente consultada identifica a la inmigración de ciudadanos extranjeros a La Paz o de personas que viven en las provincias a la ciudad, como un factor decisivo para que aumente la tasa de criminalidad. El 69% de los ciudadanos aseguró que es una causa esencial.

La Razón

domingo, noviembre 28, 2010

La Paz: Loteadores y Sin Techo avasallan 18 predios ediles

Disputa. Viviendas precarias en un predio edil en Auquisamaña, el 2009.

Dieciocho predios del municipio han sido loteados u ocupados por grupos de comunarios y avasalladores, y unos 3 mil han comenzado a regularizar el derecho propietario de estos predios en municipios vecinos, con los que La Paz tiene conflictos limítrofes.

Según el registro del municipio, estas 18 áreas representan más de 100 mil metros cuadrados, es decir el 18 por ciento de las áreas de propiedad municipal saneadas por la Alcaldía y que en total suman más de 610 mil metros cuadrados.

La mayor parte corresponden áreas de preservación y cuya propiedad fue consolidada en Derechos Reales por la Alcaldía como el bosque de Pura Pura, el parque nacional de Mallasa, Alto Irpavi, Auquisamaña, Llojeta, Sopocachi, Alto Calacoto, el Valle de las Ánimas, Faro Murillo y la Periférica.

Los problemas de ordenamiento territorial en La Paz se originan en la falta de una normativa que permita un resguardo más efectivo, con la participación del Ministerio Público, la Policía y la Justicia, dijo el director de Administración Territorial de la Alcaldía, Alvaro Viaña.

Pero hay otro factor adicional: la presión de grupos que afirman que son parte del proceso de cambio que impulsa el Gobierno del MAS, según dice la Alcaldía, y como comprobó este diario en un recorrido por Mallasa, Pura Pura y Llojeta. “Tenemos derechos legítimos porque la tierra sin ocuparse nos pertenece”, afirma Lidia Lino, que junto a otras 40 familias invadieron terrenos en áreas de preservación de Llojeta.

Según un reporte municipal, desde 2006 los avasallamientos fueron más frecuentes. En un principio se reportaban entre tres y cuatro casos por año. El 2008 y 2009 se registraron en promedio 10 avasallamientos anuales y un promedio similar de desalojos y juicios.

Las áreas de preservación, como los bosques, son las más afectadas por los loteadores. El caso de Mallasa es el de mayor preocupación de la Alcaldía, porque el municipio de Palca ha legalizado urbanizaciones de entre 80 a 100 familias.

“Son áreas que están colindantes en su mayor parte con otros municipios. Y debemos decir que en todos los casos las propiedades se están legalizando en esas comunas como si fueran terrenos municipales”. Según la Alcaldía paceña, la forma de operar de estos grupos se ha vuelto más agresiva. Son familias enteras que ponen “de carnada” a mujeres y niños para evitar cualquier tipo de desalojo.

“La Policía Municipal no está en condiciones de intervenir y menos de desalojar a grupos de avasallamiento” , afirma Viaña.  Un informe del Ejecutivo establece que los lugares ocupados ilegalmente  se construyen viviendas, murallas y campamentos.

Hay casos en que las  tomas son esporádicas y en otros en que las ocupaciones se consolidan y son legalizadas por otros municipios como sucede con Mecapaca, Achocalla, El Alto y Palca, donde se pretenden  legalizar arbitrariamente miles de propiedades.

Justamente, para prevenir las tomas, la Unidad de Bienes Inmuebles de la Alcaldía paceña inició la inscripción de predios ediles en Derechos Reales.

En determinadas zonas se han establecido asentamientos entre grupos minoritarios de familias quienes  construyen de manera ilegal casas precarias con la esperanza de consolidarlas y legalizarlas.  

Las áreas se ubican en laderas

Las áreas ocupadas se ubican generalmente en las laderas Este y Oeste de La Paz. Las más vulnerables están vinculadas con disputas territoriales con municipios como Palca, Mecapaca y Achocalla. Existen ocupaciones menores no contabilizadas porque son precarias y esporádicas.

Piden ayuda a la Policía

El Concejo Municipal de La Paz emitió un pronunciamiento público en el que le pide a la Policía y al Ministerio Público intervenir en al menos una veintena de terrenos municipales que han sido avasallados por loteadores.

La presidenta del órgano deliberante, Gabriela Niño de Guzmán, manifestó que otro de los objetivos es el de generar una corriente de concientización en la población. Esto para que tenga cuidado y no se deje engañar por el ofrecimiento de terrenos y viviendas en predios abiertos o espacios del municipio.

“A través de este pronunciamiento se pedirá al Ministerio de Gobierno hacer el uso de la fuerza para el desalojo de los predios municipales. Son grupos numerosos que se resisten a salir y es por eso que necesitamos ese tipo de apoyo”.

Niño de Guzmán explicó que en 15 días el Concejo analizará el tratamiento de una Ley de Predios que establezca procesos y procedimientos para recuperar y proteger las propiedades de la comuna. Los lugares más vulnerables están en las laderas y en zonas como Llojeta, Huanu Huanuni, Mallasa y Mallasilla.

En todos los casos existe un total de 18 tomas de predios de personas que se denominan como parte del Movimiento Sin Tierra, aunque no tienen una cabeza visible que los represente. La autoridad edil explicó que son grupos de entre 50 a 100 familias que reclaman el derecho propietario de esos predios, sin contar con la documentación de respaldo.


Tomas en zonas del municipio
Llojeta
Zona en riesgo por los comunarios y los Sin Techo

En Llojeta hay edificaciones y enmurallados ilegales en predios que son privados y municipales. Los avasalladores se describen a sí mismos como comunarios pobres.


Valle de ánimas
Un área de preservación que se encuentra en riesgo

A principios de año unas 50 familias ingresaron a esta zona con aplanadoras para tomar posesión de terrenos. La Policía evitó que la ocupación se consolide


Pura Pura
Un bosque en riesgo porque está en manos de loteadores 

Al menos cincuenta familias invadieron un terreno de 2 hectáreas en el bosque protegido de Pura Pura. La municipalidad pide la intervención de la Policía. 

Irpavi 2
Dicen ser comunarios que provienen de Callapa.

En noviembre del 2009, vecinos de Flor de Irpavi denunciaron que un grupo de supuestos comunarios de Callapa ocuparon áreas ediles de más de 3 hectáreas.


Mallasa
Toma alentada desde 2006 por intereses privados.

La Alcaldía denunció el loteamiento en la zona turística de Mallasa, donde decenas de personas construyeron viviendas en predios ediles desde 2006.  


Auquisamaña
Loteadores se hacen pasar por comunarios

Miembros del Movimiento Sin Techo, que se hacen pasar por comunarios, ocupan terrenos de Auquisamaña desde 2008 con, al menos, tres tomas a predios del municipio.

La Razón

viernes, noviembre 19, 2010

La Policía dice que lenocinios en Miraflores originan delitos

Ilegal. La casa blanca con la puerta de madera es otro burdel, en la Av. Busch cerca de la Honduras.

La presencia de lenocinios en Miraflores contribuyó a que este vecindario sea clasificado como una de las zonas rojas de La Paz, informó ayer la Policía, que puso a disposición de los miraflorinos una línea gratuita para recibir denuncias sobre los burdeles clandestinos.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, coronel Rosalío Álvarez, señaló que la presencia de locales que funcionan como discotecas o cafés, pero que en realidad son burdeles, aumentó la sensación de riesgo de los vecinos.

“El consumo de alcohol siempre genera violencia y en estos locales venden estas bebidas. Por naturaleza, esta actividad (lenocinios) es violenta porque la mayoría de la gente va a ‘rematar’ (después de estar en otros bares)”, explicó el jefe policial. Además, entre las personas que visitan burdeles pueden haber delincuentes que en estado de ebriedad hieren o pueden hasta matar a otros por venganza o ajuste de cuentas.
Situación. El miércoles, La Razón recorrió la zona e identificó seis casas donde operan burdeles. Datos ofrecidos por los vecinos, la Policía y llamadas realizadas por este medio a estos sitios comprobaron la existencia de estos seis lenocinios ubicados entre la avenida Busch y las calles Honduras, Puerto Rico y Lucas Jaimes.

Los vecinos hicieron conocer su preocupación por la presencia de meretrices y hombres que requieren sus servicios tanto en las mañanas como en las noches en los locales. Aseguraron que los niños ven salir a mujeres acompañadas de hombres ebrios cuando ellos van al colegio.

El coronel Álvarez informó de que la Policía realiza operativos de control cuando tiene información de que menores de edad trabajan como meretrices en lenocinios legales o clandestinos; o tienen el reporte de la comisión de delitos.

Sobre el descubrimiento de burdeles que operan bajo la fachada de  viviendas particulares en Miraflores, Álvarez anunció que intensificarán los operativos en este sector.

El jefe policial convocó también a los vecinos, y no sólo de Miraflores, a que llamen a la línea gratuita de emergencias para denunciar la presencia de lenocinios clandestinos y o la explotación sexual de menores de edad. “Cualquier información que llegue permitirá a la Policía actuar de inmediato. La gente puede tener acceso a presentar cualquier denuncia vía teléfono”.

No obstante, dejó en claro que la presencia policial en burdeles ilegales es con el objetivo de evitar hechos delictivos o que menores de edad sean explotadas.

“Tuvimos varios operativos en este tipo de lugares. Intervenimos de manera preventiva y tuvimos conflictos porque los que trabajan ahí nos acusaron de violar esta actividad”, contó el jefe policial.

El martes en la mañana, una pelea entre mujeres jóvenes que presuntamente prestaban servicios sexuales y sus administradores dejó al descubierto la presencia de un lenocinio clandestino en la avenida Brasil, frente a la Universidad Central y a media cuadra del Hospital Obrero y de la Escuela Piloto Naciones Unidas. El lugar continúa precintado por la fuerza anticrimen y los efectivos investigan a dos meretrices.


La Alcaldía no actuará
Posición
El secretario general del Macrodistrito Centro, Santiago Medeiros, señaló que al Gobierno Municipal sólo le compete la clausura de lugares donde se expenden bebidas alcohólicas y que los burdeles no están a su cargo.

La Razón

jueves, noviembre 04, 2010

Arranca el plan ‘Por una Eloy Salmón segura’

Con el lema “Por una Eloy Salmón segura y ordenada”, ayer fue lanzada una campaña que lleva, precisamente, ese nombre y a la que Samsung contribuirá con pago de salarios a tres policías, a los que además entregó equipos móviles de comunicación.

“Tenemos seguridad privada con seis efectivos en el día y cuatro por la noche, pero vimos que es insuficiente, por eso nos contactamos con Samsung, una de las empresas a la que representamos, para que nos apoye con la seguridad”, explicó René Lima, de la asociación de comerciantes de la Eloy Salmón en La Paz.

En esta zona 450 comerciantes venden artefactos electrónicos de ésta y otras firmas. La coronela Rosa Lema, de la Policía Comunitaria, dijo que personal de Seguridad Física Privada de la Policía apoyará la vigilancia en el sector, junto a otros 20 efectivos policiales y una patrulla.

“No sólo estaremos en la Eloy Salmón, sino también en la Tumusla y la Uyustus”. La Policía Comunitaria instalará dos módulos en la Av. Buenos Aires y en la calle Calatayud y habilitará la línea gratuita     800 16 64 64 para que el público pida ayuda, en tanto que Samsung tendrá a disposición las líneas 2325065 y 79100010 para cualquier denuncia, dijo Antonio Vergara, representante de Samsung en Bolivia.

La Razón