En Villa El Carmen se quejan por la provisión irregular de agua

Vecinos de Villa El Carmen soportan constantes cortes en el suministro de agua potable y al menos 200 familias están fuera de la red porque no han regularizado sus planos, requisito para que la  Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento (EPSAS) les provea del líquido vital. Villa El Carmen colinda con Villa Fátima, cuenta con al menos 10 mil habitantes y todavía es una zona que está en crecimiento.

“El barrio se ha extendido más en los últimos 10 años y gran parte de la tubería se ha instalado en ese tiempo. En  las calles que están más cerca de la ladera, como la 30, 31 y 32 , hay al menos 200 familias que no cuentan con el suministro y reciben el agua por cisternas”, explica la vecina Marcela Rojas.

Estas familias no tienen provisión de agua potable por tubería  porque no pudieron regularizar en la Alcaldía su catastro y el derecho propietario. “Sólo intervenimos en las zonas donde todo está legalizado y donde se cuenta con proyectos a diseño final”, explicó el Gerente Técnico de EPSAS, Jorge Zotes.

“Constantemente se rompe la tubería y se tienen que hacer cambios, esto nos deja sin agua de forma constante. Es un problema que permanente nos deja sin agua días enteros. EPSAS no nos da explicaciones sobre los cortes de suministro”, se queja Román Velázquez, vecino de la calle 5.

Moradores de esta zona, que está próxima a la represa de Hampaturi,  sostienen que la empresa pública les provee de agua entre una a dos horas por las mañana y otro tiempo similar por las tardes, aunque Zotes afirma que  son ocho horas diarias y que cuando se presentan problemas, estos son esporádicos y se deben a la rotura de tuberías que son reparadas de inmediato.

Algunos cuentan que se han visto obligados a instalar tanques de depósito de agua para tener reservas del líquido, cuyo costo unitario promedio de Bs 300. “Reclamamos a EPSAS y sostienen que tenemos que hacer un uso racional del agua e incluso nos inducen a comprar tanques de agua”, se queja la vecina Rojas. “En caso de cortes de suministro, estamos atendiendo de forma permanente con los cisternas, no descuidamos ésta y otras zonas que pasan por el mismo problema”,  informó el gerente  de la empresa pública.

Otro problema con el que tropiezan los vecinos de esta zona está relacionado con la mala instalación de la tubería. Según los vecinos, la misma se rompe de forma permanente.  “Están a no más de 30 centímetros de la superficie y, cuando viene un vehículo pesado, los deshace y rompe  con facilidad”, dice el vecino Velázquez.

Los vecinos consultados por La Razón informaron  que el tendido de la tubería fue hecho durante la administración de Aguas del Illimani.  EPSAS asegura que para la gestión 2011 tiene previsto un proyecto para la mejora de la red de agua y alcantarillado en la zona que no sólo contempla el cambio del tendido de tuberías sino la ampliación para mayor cobertura.

Datos de la Villa afectada

Según el Atlas del municipio de La Paz, Villa El Carmen tiene un crecimiento hacia la ladera este de la ciudad de La Paz. Cuenta con una junta vecinal que reúne a 40 barrios que tienen en conjunto algo más de 10 mil habitantes. Colinda con Villa Fátima y su ritmo de crecimiento poblacional es similar.

La Razón

Una fiesta da paso a inauguración de los Puentes Trillizos en La Paz

La inauguración de los Puentes Trillizos congregó ayer a miles de paceños que fueron parte de una verdadera fiesta, la cual comenzó con una ceremonia andina y posterior bendición de lo que es la mayor obra de ingeniería de las últimas décadas en el país y el nuevo ícono de la ciudad.

Banderas, globos, mixtura, gritos de felicitación, aplausos y, por sobre todo, alegría fueron parte del festejo de miles de asistentes que se apostaron a lo largo del recorrido de los puentes Independencia, Unión y Libertad.

La ciudad de La Paz es la primera en Bolivia que cuenta con una estructura como los Puentes Trillizos que mezclan dos tipos de puentes, los atirantados y extradosados construidos en voladizos.

El Diario

La Paz: Hallan a 24 menores en hostales y alojamientos

En un operativo en la zona de Max Paredes, funcionarios de la Alcaldía, del Viceministerio de Seguridad Ciudadana y de la Policía encontraron a 24 menores de edad, entre ellos 18 mujeres, que pernoctaban en alojamientos y hostales. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, dijo que a los menores se los derivó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para que sean recogidos por sus padres.

Indicó que además funcionarios de Migración encontraron a nueve personas extranjeras en hostales, entre peruanos y colombianos, quienes no tenían sus documentos de identidad. Señaló que serán investigadas para determinar su situación migratoria en el país. Vásquez anunció más operativos en todos los departamentos del país para encontrar situaciones irregulares.

La Razón

La Paz: Loteadores y Sin Techo avasallan 18 predios ediles

Dieciocho predios del municipio han sido loteados u ocupados por grupos de comunarios y avasalladores, y unos 3 mil han comenzado a regularizar el derecho propietario de estos predios en municipios vecinos, con los que La Paz tiene conflictos limítrofes.

Según el registro del municipio, estas 18 áreas representan más de 100 mil metros cuadrados, es decir el 18 por ciento de las áreas de propiedad municipal saneadas por la Alcaldía y que en total suman más de 610 mil metros cuadrados.

La mayor parte corresponden áreas de preservación y cuya propiedad fue consolidada en Derechos Reales por la Alcaldía como el bosque de Pura Pura, el parque nacional de Mallasa, Alto Irpavi, Auquisamaña, Llojeta, Sopocachi, Alto Calacoto, el Valle de las Ánimas, Faro Murillo y la Periférica.

Los problemas de ordenamiento territorial en La Paz se originan en la falta de una normativa que permita un resguardo más efectivo, con la participación del Ministerio Público, la Policía y la Justicia, dijo el director de Administración Territorial de la Alcaldía, Alvaro Viaña.

Pero hay otro factor adicional: la presión de grupos que afirman que son parte del proceso de cambio que impulsa el Gobierno del MAS, según dice la Alcaldía, y como comprobó este diario en un recorrido por Mallasa, Pura Pura y Llojeta. “Tenemos derechos legítimos porque la tierra sin ocuparse nos pertenece”, afirma Lidia Lino, que junto a otras 40 familias invadieron terrenos en áreas de preservación de Llojeta.

Según un reporte municipal, desde 2006 los avasallamientos fueron más frecuentes. En un principio se reportaban entre tres y cuatro casos por año. El 2008 y 2009 se registraron en promedio 10 avasallamientos anuales y un promedio similar de desalojos y juicios.

Las áreas de preservación, como los bosques, son las más afectadas por los loteadores. El caso de Mallasa es el de mayor preocupación de la Alcaldía, porque el municipio de Palca ha legalizado urbanizaciones de entre 80 a 100 familias.

“Son áreas que están colindantes en su mayor parte con otros municipios. Y debemos decir que en todos los casos las propiedades se están legalizando en esas comunas como si fueran terrenos municipales”. Según la Alcaldía paceña, la forma de operar de estos grupos se ha vuelto más agresiva. Son familias enteras que ponen “de carnada” a mujeres y niños para evitar cualquier tipo de desalojo.

“La Policía Municipal no está en condiciones de intervenir y menos de desalojar a grupos de avasallamiento” , afirma Viaña.  Un informe del Ejecutivo establece que los lugares ocupados ilegalmente  se construyen viviendas, murallas y campamentos.

Hay casos en que las  tomas son esporádicas y en otros en que las ocupaciones se consolidan y son legalizadas por otros municipios como sucede con Mecapaca, Achocalla, El Alto y Palca, donde se pretenden  legalizar arbitrariamente miles de propiedades.

Justamente, para prevenir las tomas, la Unidad de Bienes Inmuebles de la Alcaldía paceña inició la inscripción de predios ediles en Derechos Reales.

En determinadas zonas se han establecido asentamientos entre grupos minoritarios de familias quienes  construyen de manera ilegal casas precarias con la esperanza de consolidarlas y legalizarlas.  

Las áreas se ubican en laderas

Las áreas ocupadas se ubican generalmente en las laderas Este y Oeste de La Paz. Las más vulnerables están vinculadas con disputas territoriales con municipios como Palca, Mecapaca y Achocalla. Existen ocupaciones menores no contabilizadas porque son precarias y esporádicas.

Piden ayuda a la Policía

El Concejo Municipal de La Paz emitió un pronunciamiento público en el que le pide a la Policía y al Ministerio Público intervenir en al menos una veintena de terrenos municipales que han sido avasallados por loteadores.

La presidenta del órgano deliberante, Gabriela Niño de Guzmán, manifestó que otro de los objetivos es el de generar una corriente de concientización en la población. Esto para que tenga cuidado y no se deje engañar por el ofrecimiento de terrenos y viviendas en predios abiertos o espacios del municipio.

“A través de este pronunciamiento se pedirá al Ministerio de Gobierno hacer el uso de la fuerza para el desalojo de los predios municipales. Son grupos numerosos que se resisten a salir y es por eso que necesitamos ese tipo de apoyo”.

Niño de Guzmán explicó que en 15 días el Concejo analizará el tratamiento de una Ley de Predios que establezca procesos y procedimientos para recuperar y proteger las propiedades de la comuna. Los lugares más vulnerables están en las laderas y en zonas como Llojeta, Huanu Huanuni, Mallasa y Mallasilla.

En todos los casos existe un total de 18 tomas de predios de personas que se denominan como parte del Movimiento Sin Tierra, aunque no tienen una cabeza visible que los represente. La autoridad edil explicó que son grupos de entre 50 a 100 familias que reclaman el derecho propietario de esos predios, sin contar con la documentación de respaldo.

Tomas en zonas del municipio
Llojeta
Zona en riesgo por los comunarios y los Sin Techo
En Llojeta hay edificaciones y enmurallados ilegales en predios que son privados y municipales. Los avasalladores se describen a sí mismos como comunarios pobres.

Valle de ánimas
Un área de preservación que se encuentra en riesgo
A principios de año unas 50 familias ingresaron a esta zona con aplanadoras para tomar posesión de terrenos. La Policía evitó que la ocupación se consolide

Pura Pura
Un bosque en riesgo porque está en manos de loteadores 
Al menos cincuenta familias invadieron un terreno de 2 hectáreas en el bosque protegido de Pura Pura. La municipalidad pide la intervención de la Policía. 

Irpavi 2
Dicen ser comunarios que provienen de Callapa.
En noviembre del 2009, vecinos de Flor de Irpavi denunciaron que un grupo de supuestos comunarios de Callapa ocuparon áreas ediles de más de 3 hectáreas.

Mallasa
Toma alentada desde 2006 por intereses privados.
La Alcaldía denunció el loteamiento en la zona turística de Mallasa, donde decenas de personas construyeron viviendas en predios ediles desde 2006.  

Auquisamaña
Loteadores se hacen pasar por comunarios
Miembros del Movimiento Sin Techo, que se hacen pasar por comunarios, ocupan terrenos de Auquisamaña desde 2008 con, al menos, tres tomas a predios del municipio.

La Razón

6 municipios vecinos tratan de expandirse a costa de La Paz

El alcalde Luis Revilla informó ayer que seis municipios pretenden expandirse a costa de La Paz, y que pese a que los conflictos limítrofes están en conciliación, Coroico, Mecapaca, Guanay, El Alto, Achocalla y Palca han venido realizando inversiones o avasallamientos.

Revilla prestó ayer un informe al Concejo, en el que también denunció la alianza de Achocalla, Palca y Mecapaca para restarle superficie al municipio paceño y de actos administrativos de la Gobernación que han perjudicado a La Paz.

“Hay un estado de indefinición. A pesar de que se han llevado varios procesos de conciliación con los municipios, vecinos han efectuado avasallamientos, sobre todo en las áreas frontera que tiene el municipio”, dijo Revilla. Uno de los procesos más conflictivos es el que se presenta entre La Paz y Palca, ya que se han registrado avasallamientos y ocupación del área urbana que afectan a siete zonas.

“Con Palca hay loteamientos en Alto Calacoto, Ovejuyo, Chuquiaguillo, Chinchaya, Jacha Kollo, Huayllara, Chicani, entre otros barrios paceños. A esto se suma un convenio entre Achocalla, Palca y Mecapaca en contra del municipio de La Paz para ocupar territorios paceños”.

En el caso de Mecapaca, este municipio hizo inversiones en las áreas de conflicto e incluso se registraron avasallamientos sobre el parque nacional de Mallasa, que es un área no urbanizable.

Con Achocalla hay un convenio de mancomunidad que no se respeta, la ingobernabilidad por el cambio de dos alcaldes generó, dijo el ejecutivo edil, la aprobación ilegal de urbanizaciones dentro del municipio de La Paz.

El Alcalde responsabilizó a la Gobernación —instancia que falla en estas disputas limítrofes— de realizar actos al margen de su competencia que han agudizado los conflictos, y se refirió en concreto a una resolución que prohíbe a las partes hacer actos de fiscalización en las áreas en disputa, lo que provocó que los municipios vecinos hagan actos administrativos en suelo paceño.
Otros conflictos. También dijo que El Alto pretende tomar áreas en Alto Villa Victoria  y que para conseguir su objetivo ha estado realizando obras en áreas verdes de La Paz como en Sagrado Corazón de Jesús, Faro Murillo, Unión Alianza y en el sector del Multifuncional.

Coroico planteó una demanda ante la ex Prefectura, que falló en contra de La Paz, “esto incitó a los municipios vecinos a hacer lo mismo, movidos por el tema de recursos e impuestos”. “El 2006 se hicieron cinco demandas contra el municipio de La Paz y eso también propició que el Gobierno Municipal de La Paz salga en defensa de los límites y establezca demandas similares”. Otros conflictos limítrofes que se mantienen son con Guanay y Coroico.

La autoridad destacó también avances en los litigios con otros municipios. Con Yanacachi se firmó un acta de conciliación en la Gobernación y el caso está prácticamente resuelto. Con Teoponte se firmó un acuerdo de conformidad el 2007 y se espera la firma de un convenio de mancomunidad.

Con Batallas, el 2007 se modificaron los límites seccionales de la provincia Los Andes y con Pucarani se procedió de la misma forma. Revilla sugiere una acción conjunta entre Ejecutivo y Concejo para asumir acciones de defensa a través de la aplicación de leyes municipales desde enero del 2011.

Normas vigentes

Hay dos leyes que norman la delimitación del municipio de La Paz. La Ley 453 de 1968, que delimita la superficie del área urbana, y la Ley 2337 del 2002, que establece los límites entre las ciudades de La Paz y El Alto.

Con el resto de los municipios no se tienen normas de salvaguarda.

La Razón

13 líneas de transporte pasarán por los Trillizos

Trece líneas de transporte público cubrirán la ruta de los puentes Trillizos entre Llojeta y el Estado Mayor. Según la dirigencia de la Central del Transporte de Radio Urbano (Cutup), serán ocho líneas de minibuses, tres  de micros y dos de trufis.

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, confirmó que la Alcaldía dejó esta decisión en manos de la Cutup y dijo que mientras el sector defina qué líneas cubrirán la ruta, no se permitirá el paso de ninguna por los Trillizos.

El ejecutivo de este sector, Gonzalo Millares, dijo que recibió 18 solicitudes de operadores, de las que se escogieron 13. Se trata de sindicatos que cubren las rutas de Llojeta, Estado Mayor,  Sopocachi, Miraflores y Obrajes. “Vamos a definir hasta el viernes qué sindicatos cubrirán las rutas”.  Aclaró que no se crearán nuevas rutas y que sólo se dispondrá su ampliación y modificación.

La Razón

Los saunas carecen de control en La Paz

 

La Alcaldía de La Paz estableció ayer que el sauna El Arcángel, que el domingo causó un accidente y dejó tres heridos y daños en 12 viviendas, no tiene licencia de funcionamiento ni patentes al día. Además, develó que no existe una norma para controlar esta actividad.

El jefe de la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal, Ronald Cortés, informó que la razón social de este negocio no está registrada en el sistema, y el alcalde Luis Revilla anticipó una sanción, previa una verificación de su situación legal, que puede ir desde la imposición de una multa hasta la clausura.

“Hay un reglamento que es de Actividades Económicas. (Basados en esa norma) el Gobierno Municipal se responsabiliza (de la sanción)”, afirmó la autoridad, quien insistió en que no existe una norma local ni nacional que reglamente la actividad de estos locales.

“En el tema de saunas o servicios higiénicos existe una reglamentación muy genérica que es en el nivel de actividades económicas. Pero al margen de esto se hacen inspecciones por las subalcaldías cuando los propietarios vienen a registrar(se)”, dijo el jefe de la Unidad de Recaudaciones.

Precisamente debido a la falta de control sobre la seguridad de este tipo de negocios, es que la explosión del domingo en El Arcángel, sauna ubicado sobre la calle Caracas de villa San Antonio, fue la cuarta en el mismo lugar, según vecinos, que informaron que la última ocurrió hace tres años.
Los hechos. El sauna cuenta con un caldero que funciona con cinco garrafas de gas licuado de petróleo. El primer reporte de la Unidad de Bomberos indica que la explosión, que se registró a las 14.15, fue causada por un cortocircuito, cuyas chispas alcanzaron una de las garrafas, que presentaba una fuga.

A consecuencia del estallido, tres personas que transitaban por la calle resultaron heridas, dos niños y una mujer, y 12 viviendas afectadas. El Alcalde también informó que funcionarios ediles están en busca de los propietarios de El Arcángel, ya que tienen información de que no se encuentran en el país.

Los vecinos de las casas aledañas informaron ayer por la mañana que los dueños se comprometieron a resarcir los daños en el transcurso de ayer, para evitar acciones legales de los afectados. Hasta las 18.00 no se evidenció ningún avance en el lugar, según informaron fuentes de la Alcaldía a La Razón.

Revilla anunció que se enviará una solicitud al Concejo Municipal para que empiece a elaborar un reglamento que regule los saunas.

Estado de salud de heridos

Las tres personas heridas en la explosión, dos niños y una mujer de 60 años, se encuentran estables. El niño y su abuela, que presentaban cortaduras en los pabellones de sus orejas, fueron curados de inmediato ya que no revisten gravedad, mientras que la otra herida, una niña, aún permanece en observación. Los 12 inmuebles que fueron afectados por la explosión se encuentran a 40 y 50 metros del sauna El Arcángel.

La Razón