El director de la oficina de Administración Territorial y Catastral de la Alcaldía, Álvaro Viaña, indica que las más de 800 edificaciones se clasifican en dos grupos: aquellas que no tienen ningún plano aprobado y otras en las que no se respetó la planimetría autorizada (se aumentaron pisos o se alteraron las dimensiones del inmueble). En este último caso, los planos “quedarían sin efecto”, indicó el funcionario.
Algunas de esas construcciones, no precisó cuántas, habrían sido detenidas debido a la irregularidad.
La norma que rige para las edificaciones en la ciudad es el reglamento Uso de Suelos y Patrones de Asentamiento. Al incumplir los procedimientos, se pierden las garantías de que la edificación esté correctamente realizada.
El presidente de la Sociedad de Ingenieros de La Paz, Marcelo Badani, advierte que es peligroso construir sin planos aprobados, porque, por ejemplo, se puede estar trabajando en una zona propensa a deslizamientos.
“Ni la estructura mejor calculada va a resistir y el peligro es inminente y de colapso si la zona es negra”, dijo el profesional.
Norman Ramírez, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor de San Andrés, explica que si se construyen más pisos de los aprobados, se tiene el riesgo de “sobrecarga”, lo que puede derivar en desplome. “Pese a que el material sea noble, hay un límite de tolerancia en la estructura y, si se la excede, se fractura”.
Los datos manejados por Álvaro Viaña revelan que el año pasado se recibieron 315 solicitudes para aprobar los planos de construcción de edificios. La mayoría de las peticiones es para edificar en el centro (181) y en el macrodistrito Sur (91). También hay 20 solicitudes en la Subalcaldía de Cotahuma, 12 en la de Max Paredes, ocho en la Periférica y tres en San Antonio. Mallasa no registra aprobaciones en trámite, informó el Director de Administración Territorial.
La Alcaldía de La Paz basa sus estadísticas en reportes mensuales que envían las Subalcaldías, tanto de construcciones legales como de las que infringen la norma.
Desinformación. “Lamentablemente existe una especie de cultura de evasión de las normas en todo sentido; la gente no se acerca al municipio en caso de construcción, cree que (la aprobación de planos) va a representar un costo mayor, cuando todos los servicios de orientación son gratuitos en cualquier rubro”, dice Viaña refiriéndose a los que se solicitan en las entidades ediles.
Para que el Gobierno municipal apruebe los planos de una construcción, el propietario del inmueble debe presentar el certificado de registro catastral, los planos arquitectónicos, los estudios geotécnicos y los cálculos estructurales, todos avalados por el Colegio de Arquitectos o la Sociedad de Ingenieros.
Los estudios supervisados toman en cuenta las cargas que va a tener el edificio. La carga se entiende como el peso que va soportar la construcción, por ejemplo, si va a ser una edificación móvil (para albergar habitantes de manera permanente) o fija (como una biblioteca).
Hay 300 empresas afiliadas
Se calcula que en La Paz hay 1.000 constructoras, de las cuales 300 se encuentran afiliadas a la Cámara de la Construcción, dijo el presidente de la entidad, Christian Eduardo. En todo caso, no es obligatorio que las compañías se afilien a ésta. A nivel nacional se calcula que son 900 las inscritas.
Los planos llegan luego
“Se ha generado la cultura (por parte de algunos propietarios de inmuebles en la ciudad) de que ‘primero construyo y luego regularizo los planos’ en las instancias que correspondan”, lamentó el director de la oficina de Administración Territorial y Catastral del municipio, Álvaro Viaña.
El funcionario señaló que es común que las Subalcaldías reciban solicitudes de aprobación de planos luego de que la construcción está concluida. En todo caso, agregó, tras una inspección para determinar si la edificación cumplió con el reglamento de Uso de Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA-2007), ésta deja de ser clandestina y es registrada como legal.
El USPA dispone que todo propietario de un inmueble que quiera aprobar su construcción debe tener los planos arquitectónicos, de estudios geotécnicos y los cálculos estructurales.
“En el caso de que un propietario haya construido (en primera instancia) sin aprobación de su planimetría), pero respeta la normativa que tenemos, existe el trámite de legalización y corresponde una aprobación posterior; se legaliza siempre y cuando esté dentro las normas municipales”, enfatizó.
Lo que no se hace es verificar si la construcción está bien hecha o no. De allí que Viaña cuestiona la cultura de los dueños de casa de contratar albañiles para que supervisen las obras, cuando mayor garantía da que se consulte a profesionales.
La Razón
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